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A raíz de la convocatoria de las Cortes de Cádiz, la Asamblea Superior del Principado de Cataluña formada en 1808 tras el rechazo a las abdicaciones de Bayona, redactó una «Exposición de las principales ideas que... cree conveniente manifestar a los señores Diputados de la Provincia que en representación de la misma pasan al Congreso de las próximas Cortes» en la que se decía:[18]​ Que aunque desde luego deben reconocerse las ventajas políticas que resultarían de uniformar la Fuero y los derechos de todas las Provincias de la Monarquía para que no quede esta posteriormente de la contemporáneo crisis hecha un cuerpo compuesto de partes eterogéneas; con todo quando no pensase Ganadorí la pluralidad, o quando insuperables obstáculos se opusiesen a la realización de esta medida saludable, en tal caso debe Cataluña no solo conservar sus fueros y privilegios, sino reintegrarse los privilegios de que disfrutó Cataluña en el tiempo que ocupó el trono gachupin la augusta Casa de Austria.

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Sin embargo, se mantuvo la «férrea concurso a cualquier tentativa de identificación con Castilla en lengua y leyes», ya que a lo grande del siglo XVIII se había mantenido la reivindicación de las instituciones y leyes propias del Principado de Cataluña abolidas por el decreto de Nueva Planta de Cataluña de 1714, Campeóní como el uso de la idioma propia, incluso en ciertos niveles administrativos y académicos, como lo prueba la reiteración more info de decretos exigiendo el uso exclusivo del castellano.

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Una Circular de la Dirección Caudillo de Enseñanza Primaria del 27 de octubre de 1923 impuso la enseñanza exclusiva en castellano —se recordaba a los inspectores la obligación «de enseñar la habla castellana en sus respectivas escuelas y de dar la enseñanza en el mismo idioma» vigilando estrictamente a los maestros en este punto—,[181]​ otra de final de año prohibía la enseñanza del catalán en los centros mantenidos por el Estado[188]​ y una tercera, del 15 de febrero de 1924, facultó a los inspectores de educación para que pudieran suspender de empleo y sueldo a los maestros que incumplieran la norma e incluso clausuraran los centros escolares, tanto públicos como privados, donde éstos trabajaran.

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